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| Foto: Ariadna Guerra |
Como mexicanos, contamos con derechos humanos
que deben ser garantizados con cada una de las acciones de gobierno, mismas que
se conjugan en instituciones gubernamentales, políticas públicas y proyectos
para dicho fin. En ese sentido, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México (CNDH), tenemos diversos recursos jurídicos y constitucionales que los
reconocen.
Estos derechos se clasifican en: civiles,
económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre estos derechos no existen
niveles ni jerarquías, lo que significa que todos tienen el mismo peso al
momento de ser garantizados. [1] Al respecto, como
ciudadana supondría que mi derecho a la seguridad está completamente solventado
y visible tanto en teoría como en praxis.
Sin embargo, la realidad es completamente
distinta; México como nación se enfrenta a momentos difíciles, la actuación
gubernamental de los órdenes de gobierno se encuentra enfocada a la resolución
de las implicaciones económicas y sanitarias que la pandemia por COVID-19 ha
traído. Aún así, dichas acciones tienen sus claroscuros y no han logrado
cumplir con las expectativas de los diferentes sectores de la población.
En suma, tenemos un problema que no termina de
resolverse, y a la vez, otros tantos que ya existían (la inseguridad, la
violencia, la discriminación y la desigualdad), que irán al alza si no se
reafirma el paso en la construcción de mejores estrategias que permitan soluciones
adaptadas a esta nueva normalidad. En
otras palabras, sí, se reconoce que las administraciones de todo orden de
gobierno se han visto desestabilizadas por factores exógenos, pero, a pesar de
ellos, persiste su deber en garantizar todos y cada uno de nuestros derechos
pese a cualquier realidad.
Conforme a lo anterior, cito algunos datos que
evidencian, en el caso de la inseguridad, la falta de mejores acciones para
garantizar el derecho a la seguridad pública. En la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) durante el primer trimestre del 2020, en la cual, se dan a
conocer datos relacionados con la sensación de inseguridad por temor al delito
de los mexicanos; se rescata que el 73% de la población de 18 años y más,
considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Además, en la misma encuesta, se dio a conocer
que un 34.5% de los mexicanos de 18 años y más, consideró que la delincuencia
seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, y otro 32% consideró que
empeorará. [2]
En conclusión, el mexicano promedio no se siente seguro en su tierra, y es claro que se deben generar las reestructuras necesarias para convenir los mejores resultados, y que por supuesto, la ciudadanía se vaya involucrando gradualmente a través de observatorios ciudadanos en los que se señale sin distinciones todos aquellos fallos u omisiones que pudiera haber en el actuar de las autoridades, hoy más que nunca, debemos ser solidarios, organizados y atentos de todo lo que nos rodea para que nadie nos juegue con el dedo en la boca.
[1] Diario Oficial de la
Federación, (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Informe del primer trimestre 2020). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf
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