La agenda anticorrupción en tiempos del lopezobradorismo

 

Humberto Mendoza

Ya son muchos los investigadores y académicos que han propuesto denominar al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como “el lopezobradorismo”; entendiendo este como un movimiento social y político que basa su legitimidad y popularidad en el líder AMLO. 

En diciembre del 2020 se cumplirán dos años desde que el tabasqueño asumió la Presidencia de la República Mexicana, y cerca de cumplir un tercio de su mandato constitucional, ya nos permite ver rasgos de su “modus oprandi” en diversos temas de política pública. Uno de ellos, la corrupción; tema particularmente de interés de AMLO.

Para entender mejor el modus operandi del lopezobradorismo hay que clasificar en dos tipos de respuesta que el régimen tiene ante los actos de corrupción: 1) los actos de corrupción efectuados por funcionarios y personas allegadas a su administración. 2) los actos de corrupción efectuados por sus adversarios políticos.

Los actos de corrupción efectuados por los suyos, regularmente, son desestimados, y, eventualmente disipados de la agenda gubernamental de corrupción. El primer ejemplo de estos es el del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con una riqueza inexplicable y sin reportar al sistema de declaraciones patrimoniales, quien resultó exonerado y alejado de cualquier investigación. Otro ejemplo, es el de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien fue acusada de malversación de recursos públicos, y que AMLO desestimó por considerar la denuncia como “politiquería”. Y, por último, la difusión de un video en el que se muestra al hermano de AMLO recibiendo 2 millones de pesos en efectivo, para supuestamente financiar actividades de su partido MORENA, y que el mandatario también desestimó declarando que “lo de Lozoya es corrupción; lo de mi hermano es cooperación” haciendo una retórica sobre los movimientos revolucionarios mexicanos que se gestaron en el año 1900.

Por otro lado, los actos de corrupción efectuados por sus adversarios políticos son tratados de dos formas; son “perdonados” si cooperan con el lopezobradorismo, y son castigados si no cooperan y además sirven para mantener el foco de la atención pública. Como ejemplos de casos “perdonados” se encuentran el del expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, a quien se le inició una investigación de parte de la Secretaría de la Función Pública por un supuesto conflicto de interés no declarado. También, se encuentra el del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, a quien la unidad de inteligencia financiera le inicio una investigación por haber encontrado movimientos bancarios por un total de 102 millones de pesos en cuentas de Reino Unido, y que según la investigación no habían sido reportados al Servicio de Administración Tributaria. En ambos casos renunciaron a sus cargos y no hubo caso judicial.

Por su parte, en los casos que sí son castigados, podemos encontrar el de la “Estafa Maestra” que involucra a diversos funcionarios e instituciones públicas, y que sorpresivamente sólo se a encarcelado a la exsecretaria de desarrollo social federal, Rosario Robles, a quien se le acusa de un solo delito “ejercicio indebido en el servicio público” el cual no amerita la prisión preventiva. Asimismo, encontramos el reciente caso “Odebrecht” en el cual la Fiscalía General de la República mantiene investigación abierta contra 18 empleados activos y exfuncionarios de la paraestatal Pemex que entre 2010 y 2015 firmaron contratos derivados de supuestos sobornos. En este caso, la estrella es el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya, cuyo desenlace jurídico aun no esta definido, pero se la ha puesto al exfuncionario la posibilidad de cooperar con el régimen a cambio de perdonar sus delitos, amparándose en lo que en el derecho mexicano se le denomina “criterio de oportunidad”.

En paralelo, herramientas que permiten contener en cierta medida los actos de corrupción, tales como el uso preferente de licitaciones públicas en los procesos de compras gubernamentales, así como la implementación de un servicio profesional de carrera para la contratación de funcionarios, están totalmente de lado y sin interés de la actual administración de impulsarlas. Con relación a la primera herramienta, de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción, en 2019 el 78.16% de los contratos de adquisición de productos y servicios del gobierno federal, se llevaron a cabo a través de adjudicaciones directas. Ni hablar del servicio profesional de carrera, que ni si quiera está sobre la mesa impulsarlo.

Lo que el modus operandi del lopezobradorismo muestra con relación a la agenda anticorrupción, es una aplicación parcial de la ley; una aplicación política según criterios de conveniencia y oportunidad. Se podría decir que es más de lo mismo. Y ante este escenario nos podemos preguntar ¿será que al presidente Andrés Manuel López Obrador le interesa hacer justicia, o solo le interesa hacer política?